Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Final. Lima: C

Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Final. Lima: CVR, 2003. Peru (Available to download directly from: http://www.vagos.es/showthread.php?t=812331 ) En el año 2000 el Perú inició una nueva transición a la democracia. Se retomaba así una promesa muchas veces defraudada en la historia del país. Este nuevo intento empezó después de la caída de un gobierno autoritario y corrupto. Amplios sectores de la población expresaron, entonces, su esperanza de que esta vez el país encontrara verdaderamente el camino hacia la construcción de un Estado que represente los intereses de las peruanas y peruanos sin excepción y, al mismo tiempo, hacia la edificación de una sociedad unida, pacífica y próspera. Para transitar ese camino, el país necesita afrontar y vencer diversos obstáculos. Uno de ellos, el más grande tal vez, es el legado de dos décadas de violencia durante las cuales se produjeron masivas violaciones de derechos humanos. Esa violencia, que afectó a todos los peruanos, se encarnizó principalmente en la población rural de los andes, la que ha sido históricamente la más postergada y excluida en el Perú. Así, acogiendo un justo reclamo de la sociedad, el gobierno de transición decidió constituir una Comisión de la Verdad y Reconciliación con la finalidad de esclarecer la naturaleza del proceso y los hechos del conflicto armado interno que vivió el país, así como de determinar las responsabilidades derivadas de las múltiples violaciones de los derechos fundamentales ocurridas en aquellos años. La convicción fundamental que sustentó la formación de la CVR, y que ha animado su trabajo, se halla explícitamente señalada en su base legal: «la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado» (Presidencia del Consejo de Ministros, 2001a. Considerando 1º). Esta afirmación se encuentra en flagrante contradicción con la penosa realidad descubierta por la CVR en sus investigaciones. Para los causantes de la violencia, la vida humana fue casi siempre un medio dispensable en la lucha por el poder y no el fin supremo que toda intervención política debía proteger y desarrollar. La investigación realizada, sin embargo, lejos de debilitar la fe de la CVR en el principio de la dignidad inalienable de la vida humana, la ha fortalecido. De forma similar se ha fortalecido su convencimiento de que la enorme y generosa energía volcada por el pueblo peruano para liberarse del autoritarismo debe dirigirse ahora a la construcción de un Estado basado realmente en el principio del respeto a la vida y, por lógica consecuencia, en el rechazo a cualquier intromisión de la violencia en la política. En efecto, la CVR está persuadida de que ningún proyecto nacional puede fundarse en la destrucción de la vida, y que todo ideal social que se afirme en la violencia manifiesta un equívoco de raíz y no contribuye en realidad a la justicia ni a la paz. La CVR interpreta la voluntad del pueblo peruano de conocer su pasado como una consecuencia del principio fundamental de afirmar la dignidad de la vida humana y, por lo tanto, entiende la tarea que le ha sido asignada como un elemental acto de justicia y un paso necesario en el camino hacia una sociedad reconciliada. En virtud de lo dispuesto por las leyes 27806 y 27927, el presente Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es de carácter público y puede ser consultado por cualquier ciudadano o persona que lo requiera. Se autoriza la reproducción total o parcial de su contenido, siempre y cuando se sea fiel al original y se cite adecuadamente la fuente: Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Final. Lima: CVR, 2003. Antecedentes Entre 1980 y el año 2000, el Perú vivió una situación de violencia política sin precedentes que dejó un doloroso saldo de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, detenciones injustas, graves crímenes y violaciones a los derechos humanos. Las consecuencias del proceso de violencia se tradujeron en cifras que alarman por su dramatismo. Se estima en más de 30,000 las muertes producidas tanto por acciones terroristas, como por enfrentamientos armados, arrasamiento de pueblos y masacres colectivas. De conformidad con las cifras elaboradas por la Defensoría del Pueblo, 4,236 personas fueron detenidas y posteriormente desaparecidas, presumiblemente por elementos de las fuerzas del orden. Los casos de tortura y maltrato crecieron geométricamente. Cerca de 600 mil personas fueron afectadas directamente a tal punto que se vieron forzadas a abandonar sus hogares, generando un fenómeno de desplazamiento interno que afectó sensiblemente las redes sociales originarias así como los lugares de recepción. Los daños materiales causados por el conflicto son igualmente enormes, aún cuando sólo se tome en cuenta el impacto de la violencia en la infraestructura nacional, pública y privada. Los cálculos conservadores consignan un monto similar a la deuda externa nacional: más de 26 mil millones de dólares. El Gobierno Transitorio presidido por el Dr. Valentín Paniagua creó la Comisión de la Verdad el 4 de junio del 2001 mediante Decreto Supremo N° 065-2001-PCM, la misma que fue ratificada y complementada por el Dr. Alejandro Toledo el 4 de septiembre del mismo año, denominándose finalmente Comisión de la Verdad y Reconciliación (Decreto Supremo N°101-2001-PCM). La Comisión de la Verdad y Reconciliación se crea como la instancia encargada de esclarecer el proceso, los hechos ocurridos y las responsabilidades correspondientes, no sólo de quienes los ejecutaron sino también de quienes los ordenaron o toleraron, y a su vez proponer iniciativas que afirmen la paz y la reconciliación entre todos los peruanos. Es importante notar que esta búsqueda de la verdad y deslinde de responsabilidades incluye tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado. El período de investigación que trabajará la Comisión de la Verdad y Reconciliación de acuerdo a su mandato, es desde mayo del año 1980 a noviembre del año 2000. Ello implica que no investigarán hechos ocurridos antes o después de dichas fechas. Objetivos a. Analizar el contexto, las condiciones políticas, sociales y culturales así como los comportamientos que contribuyeron a la situación de violencia, tanto desde el Estado como desde la sociedad. b. Contribuir a que la administración de justicia, cuando corresponda, pueda esclarecer los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos tanto por las organizaciones terroristas como por los agentes del Estado. c. Procurar la determinación del paradero, identificación y situación de las víctimas y en lo posible, determinar las responsabilidades correspondientes. La Comisión no sustituye al Poder Judicial ni al Ministerio Público, pues no cuenta con funciones jurisdiccionales. d. Formular propuestas de reparación moral y material de las víctimas o de sus familiares. e. Recomendar las reformas que estime conveniente como medida de prevención para que no se repitan experiencias semejantes, así como medidas que resulten necesarias para garantizar el cumplimiento de sus recomendaciones. Potestades De acuerdo a su mandato la Comisión de la Verdad y Reconciliación podrá: - Entrevistar a quienes considere conveniente, incluidas autoridades y funcionarios públicos, y recoger la información que crea pertinente. - Acceder a la información o documentación del Estado, solicitando la cooperación de los funcionarios públicos que corresponda. - Realizar visitas o inspecciones a los lugares que considere conveniente. Para la realización de sus labores contará con el apoyo de expertos cuando este sea necesario. - Desarrollar audiencias públicas así como diligencias reservadas cuando lo considere necesario. Para seguridad de quienes proporcionen información importante, podrá guardarse reserva de su identidad. - Solicitar que se otorguen medidas de seguridad a las personas que a su criterio, las requieran. - Establecer canales adecuados de comunicación y promover la participación de la población, particularmente de la más afectada por la violencia política. Plazos y Resultados La Comisión de la Verdad y Reconciliación tendrá un plazo de diecinueve meses para realizar su trabajo, que podrá ampliarse por cinco meses más si fuera necesario. Al final de su trabajo, la Comisión presentará un informe al Presidente de la República y a los titulares de los otros Poderes del Estado, el mismo que será dado a conocer a la población. Toda la documentación y los testimonios que reciba la Comisión serán reservados y al final de su mandato serán entregados a la Defensoría del Pueblo. Memoria Colectiva Es importante tomar conciencia que la responsabilidad del éxito o del fracaso del trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación no es exclusiva de los Comisionados que la integran sino que, de algún modo, nos incumbe a todos los ciudadanos y ciudadanas. Sin el concurso y el compromiso de toda la población, la Comisión no podrá cumplir a cabalidad su función. No son solamente las víctimas, sus familiares o los testigos de los hechos los llamados a colaborar. Somos todos nosotros quienes a través de la difusión de la importancia de esta instancia los invitados a participar activamente con el fin de no permitir que hechos semejantes vuelvan a ocurrir. Los peruanos tenemos la necesidad y la oportunidad, de ir elaborando una memoria colectiva. Tenemos que comprometernos en este saludable proceso que tiene una dimensión claramente educativa y sanadora del horror que vivimos durante los años de violencia política. Para esto, se hace necesaria la búsqueda de la verdad de lo ocurrido sin revanchismos ni espíritu de venganza; la aspiración a que se haga justicia y en lo posible, se repare a las víctimas, preparando así un proceso de reconciliación nacional. Este se convierte ciertamente, en uno de los objetivos centrales de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Comisionado Dr. Salomón Lerner Febres Doctor en Filosofía y rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. (Presidente). Dra. Beatriz Alva Hart Abogada, ex Congresista de la República. Dr. Rolando Ames Cobián Sociólogo, investigador y analista político. Monseñor José Antúnez de Mayolo Sacerdote salesiano, ex administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Ayacucho. Tnte. Gral. FAP (r) Luis Arias Grazziani Experto en temas de seguridad nacional. Dr. Enrique Bernales Ballesteros Doctor en Derecho, constitucionalista, Director Ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas. Dr. Carlos Iván Degregori Caso Antropólogo, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Instituto de Estudios Peruanos. Padre Gastón Garatea Yori Sacerdote de los Sagrados Corazones y Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Pastor Humberto Lay Sun Arquitecto, líder de las Asambleas de Dios, denominación evangélica del Concilio Nacional Evangélico CONEP. Sra. Sofía Macher Batanero Socióloga, ex Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ing. Alberto Morote Sánchez Ex Rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Ing. Carlos Tapia García Investigador y analista político. Como observador se ha designado a: Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi Obispo de Chimbote y Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Contenido Informe Final Portada Firmas Indice TOMO I PRIMERA PARTE: EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VÍCTIMAS Prefacio Introducción Sección primera: Exposición general del proceso Capítulo 1: Los períodos de la violencia Capítulo 2: El despliegue regional Capítulo 3: Los rostros y perfiles de la violencia Capítulo 4: La dimensión jurídica de los hechos TOMO II Sección segunda: Los actores del conflicto Capítulo 1: Los actores armados 1.1. El Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso Cap. 1 PCP-SL Origen Cap. 2 PCP-SL 1980-82 Cap. 3 PCP-SL 1983-85 Cap. 4 PCP-SL 1986-92 Cap. 5 PCP-SL 1992-2000 Conclusiones Apéndice 1 Ejército Guerrillero Popular Apéndice 2 Antecedentes de PCP-SL 1930-70 Apédice 3 Estructura Partidaria del PCP-SL 1.2. Las Fuerzas Policiales 1.3. Las Fuerzas Armadas 1.4. El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru 1.5. Los comités de autodefensa TOMO III Capítulo 2: Los actores políticos e institucionales 2.1. El gobierno de Acción Popular 2.2. El gobierno del Partido Aprista Peruano 2.3. La década del noventa y los dos gobiernos de Alberto Fujimori 2.4. Los partidos de izquierda 2.5. El PoderLlegislativo 2.6. El Poder Judicial Capítulo 3: Las organizaciones sociales 3.1. El movimiento de derechos humanos 3.2. Los sindicatos, los gremios empresariales y las organizaciones de mujeres 3.3. La Iglesia Católica y las iglesias evangélicas 3.4. Los medios de comunicación 3.5. El sistema educativo y el magisterio 3.6. Las universidades TOMO IV Sección tercera: Los escenarios de la violencia Capítulo 1: La violencia en las regiones 1.1. La región Sur Central 1.2. La región Central 1.3. La región Sur Andino 1.4. La región Nororiental 1.5. La región Lima Metropolitana 1.6. Los ejes complementarios TOMO V Capítulo 2: Historias representativas de la violencia 2.1. El PCP-SL en el campo ayacuchano: los inicios del conflicto armado interno 2.2. La violencia en las comunidades de Lucanamarca, Sancos y Sacsamarca 2.3. Los casos de Chungui y de la Oreja de Perro 2.4. El caso Uchuraccay 2.5. La SAIS Cahuide 2.6. Los sindicatos mineros 2.7. Molinos: derrota del MRTA en la región central 2.8. Los pueblos indígenas y el caso de los asháninkas 2.9. El PCP-SL durante el auge de la droga en el Alto Huallaga 2.10. El frente nororiental del MRTA en San Martín 2.11. La violencia y el narcotráfico en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo 2.12. La estrategia de pacificación en la margen izquierda del río Huallaga 2.13. La violencia en Huaycán 2.14. Raucana: un intento de comité político abierto 2.15. Los sindicatos de la carretera central: entre el radicalismo o la resignación 2.16. La batalla por las barriadas de Lima: el caso de Villar El Salvador 2.17. El PCP-SL y la batalla por Puno 2.18. La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga 2.19. La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta 2.20. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2.21. La Universidad Nacional del Centro 2.22. Las cárceles 2.23. Narcotráfico, conflicto armado interno y corrupción TOMO VI Sección cuarta: los crímenes y violaciones de los derechos humanos Capítulo 1: Patrones en la perpetración de los crímenes y de las violaciones de los derechos humanos 1.1. Los asesinatos y las masacres 1.2. Las desapariciones forzadas 1.3. Las ejecuciones arbitrarias 1.4. La tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes 1.5. La violencia sexual contra la mujer 1.6. La violación del debido proceso 1.7. El secuestro y la toma de rehenes 1.8. La violencia contra los niños y niñas 1.9. La violación de los derechos colectivos TOMO VII Capítulo 2: Los casos investigados por la CVR 2.1. Las ejecuciones extrajudiciales en el Hospital de Ayacucho (1982) 2.2. El atentado contra el local de Acción Popular (1983) 2.3. Ejecución extrajudicial en la base militar de Totos (1983) 2.4. Los asesinatos de Canchacancha (1983) 2.5. Las ejecuciones extrajudiciales en Sillaccasa (1983) 2.6. Las ejecuciones extrajudiciales en Lucanamarca (1983) 2.7. Las ejecuciones extrajudiciales en Socos (1983) 2.8. Las ejecuciones extrajudiciales en Ccarpaccasa (1983) 2.9. Desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales en la base militar Los Cabitos (1983-1985) 2.10. Ejecuciones extrajudiciales de creyentes evangélicos en Callqui (1984) [ zip 38 kb - Descargar ] 2.11. Ejecuciones extrajudiciales comprobadas en las fosas de Pucayacu (1984) 2.12. La desaparición del periodista Jaime Ayala (1984) 2.13. La tortura y ejecución extrajudicial de Jesús Oropeza (1984) 2.14. Ejecuciones extrajudiciales en Putis (1984) 2.15. Las ejecuciones extrajudiciales en Accomarca (1985) 2.16. Lesiones graves producidas a Domingo García Rada (1985) 2.17. Las ejecuciones extrajudiciales en Pucayacu II (1985) 2.18. Ataque del PCP-SL a la localidad de Marcas (1985) 2.19. Los asesinatos del comando paramilitar autodenominado Rodrigo Franco (1985-1990) 2.20. El asesinato del almirante Ponce Canessa (1986) 2.21. Los asesinatos en Huayao (1992) 2.22. Las ejecuciones extrajudiciales de universitarios de La Cantuta (1992) 2.23. Las ejecuciones extrajudiciales de Pomatambo y Parcco Alto (1986) 2.24. El asesinato de Rodrigo Franco (1987) 2.25. El asesinato de César López Silva (1987) 2.26. Desapariciones en la base militar de Santa Rosa (Checcasa) (1988) 2.27. Las ejecuciones extrajudiciales y encubrimiento en Cayara (1988) 2.28. Masacre en la comunidad de Aranhuay (1988) 2.29. Asesinato de autoridades comunales de Changos Alto y Chicche (1989) 2.30. La desaparición del jefe asháninka Alejandro Calderón (1989) 2.31. La masacre de los pobladores de Pacchas en Huamanga (1989) 2.32. Las ejecuciones extrajudiciales de Abel Malpartida Páez y Luis Álvarez (1989) 2.33. Los asesinatos durante el ataque al puesto policial de Uchiza (1989) 2.34. Los asesinatos de Bárbara D’Achille y Carlos Bohórquez (1989) 2.35. El asesinato de Fermín Azparrent (1989) 2.36. El ataque al regimiento Húsares de Junín (1989) 2.37. Las ejecuciones extrajudiciales en el distrito de Los Molinos (1989) 2.38. Las ejecuciones extrajudiciales de Pucará (1989) 2.39. Asesinato de nueve pobladores en Yumbatos, San Martín (1989) 2.40. La desaparición de Ángel Escobar Jurado (1990) 2.41. Desapariciones y torturas en la base militar Los Laureles (Esaú Cajas) (1990) 2.42. Desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en Chumbivilcas (1990) 2.43. El asesinato de Orestes Rodríguez (1990) 2.44. Las desapariciones de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro (1990-1992) 2.45. Las ejecuciones extrajudiciales en Barrios Altos (1991) 2.46. Desapariciones forzadas y asesinato de autoridades en Chuschi (1991) 2.47. Desapariciones de los candidatos a la alcadía de Huancapi (1991) 2.48. El asesinato de Porfirio Suni (1991) 2.49. Los asesinatos de los sacerdotes Strzalkowski, Tomaszek y Dordi (1991) 2.50. Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara (1991) 2.51. Lesiones graves producidas a Ana Lira (1992) 2.52. Las ejecuciones extrajudiciales en Apiza (1992) 2.53. La desaparición de campesinos del Santa (1992) 2.54. El secuestro y asesinato de David Ballón Vera (1992) 2.55. El asesinato de Manuel Tumba (1992) 2.56. El secuestro del empresario Samuel Dyer Ampudia (1992) 2.57. Los asesinatos de María Elena Moyano (1992) y Pascuala Rosado (1996) 2.58. El asesinato de Pedro Huillca Tecse (1992) 2.59. La desaparición de Pedro Yauri (1992) 2.60. Los asesinatos y lesiones graves producidos en el atentado de Tarata (1992) 2.61. Los asesinatos en Pichanaki (1993) 2.62. La injusta incriminación y tratos crueles contra Juan Mallea (1993) 2.63. Asesinato de policías, autoridades locales y candidatos en Ajoyani y Antauta (1993) 2.64. Las ejecuciones extrajudiciales durante la estrategia contrasubversiva en la margen izquierda del río Huallaga (1989-1994) 2.65. El asesinato de Indalecio Pomatanta (1995) 2.66. Las ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador de Japón (1997) 2.67. Las ejecuciones extrajudiciales en el penal de El Frontón y Lurigancho (1986) 2.68. Las ejecuciones extrajudiciales en el penal de Canto Grande (1992) 2.69. Asesinato de campesinos en Lucmahuaycco (1984) 2.70. Asesinatos y violaciones de los derechos humanos en Mazamari (1993) 2.71. Violaciones de los derechos humanos en la base militar de Capaya (1987-1989) 2.72. La tortura y el asesinato de Rafael Salgado Castilla (1992) 2.73. Las ejecuciones extrajudiciales de Luis Morales Ortega, la familia Solier, Leonor Zamora y otros (1991) TOMO VIII SEGUNDA PARTE: LOS FACTORES QUE HICIERON POSIBLE LA VIOLENCIA Capitulo 1: Explicando el conflicto armado interno Capítulo 2: El impacto diferenciado de la violencia 2.1. Violencia y desigualdad de género 2.2. Violencia y desigualdad racial étnica TERCERA PARTE: LAS SECUELAS DE LA VIOLENCIA Introducción Capítulo 1: Las secuelas psicosociales Apéndice 1: Cuantitativo Apéndice 2: El Proceso de Exhumación de Fosas Capítulo 2: Las secuelas sociopolíticas Capítulo 3: Las secuelas económicas Conclusiones generales Carta General Luis Arias Graziani TOMO IX CUARTA PARTE: RECOMENDACIONES DE LA CVR, HACIA UN COMPROMISO NACIONAL POR LA RECONCILIACIÓN Capítulo 1: Fundamentos de la reconciliación Capítulo 2: Recomendaciones 2.1 Reformas Institucionales 2.2 Programa Integral de Reparaciones 2.3 Plan Nacional de Intervención Antropológico-Forense 2.4 Mecanismos de seguimiento Anexos Anexo 1: Cronología 1978 -2000 Anexo 2: Estimación del total de víctimas Anexo 3: Compendio estadístico Anexo 4: Casos y víctimas registradas por la CVR Introducción Anexo 5: Iniciativa sobre personas desaparecidas conformada por la CVR, la Defensoría del Pueblo, la CNDDHH y el CICR Relación de casos de desaparecidos Anexo 6: Programa Integral de Reparaciones

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